Con el fin de aumentar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental, las autoridades pusieron en funcionamiento, desde 1985, la inspección técnica de vehículos (ITV). Una imposición legal destinada a “garantizar que los vehículos circulen en condiciones seguras y cumplan las normas medioambientales de emisiones”.
Si su vehículo ha celebrado ya su cuarto cumpleaños y olvida llevarlo a la ITV, en la que le revisarán los puntos clave (entre otros, frenos, luces o neumáticos, además de verificar si las emisiones de carbono se encuentran dentro de los límites permitidos), se expone a ser multado.
Si los técnicos de la ITV consideran que la inspección es negativa, inmovilizarán el vehículo y solo podrá sacarlo, mediante una grúa, para llevarlo a un taller donde repararlo y regresar de nuevo a la inspección, lo que implica que no podrá circular sin que en la ITV comprueben si los fallos han sido subsanados.
Igualmente, los edificios situados en las ciudades tienen que pasar una inspección. Se trata de la inspección técnica de edificios (ITE), similar a la ITV. En Catalunya es obligatorio para aquellos edificios que tengan más de cuarenta y cinco años. Una fecha tope en la que se examina su seguridad relacionada con la estructura, la fachada y la habitabilidad. Se trata de garantizar que tanto las personas que habitan los inmuebles como las que pasan por la calle se sientan seguras. A ese tenor, por ejemplo, en las fachadas donde hay terrazas los metros de la altura de las barandillas deben homologarse a una medida determinada. Digo si será para impedir el impulso suicida de algún inquilino cuya caída pueda golpear al desprevenido peatón que casualmente pasaba por allí.
Sirvan estos ejemplos sobre ITV e ITE, vigentes también en el resto de la Unión Europea, para congratularnos de que las administraciones velen por nosotros, haciéndonos responsables de los dos elementos más necesarios para nuestras vidas, como son el espacio donde habitamos, aunque sea solo de 30 metros, y el medio de transporte privado, el vehículo para algunos imprescindible para ir al trabajo.
¿Deberíamos poder multar a las administraciones por sus graves incumplimientos en seguridad vial?
La inmensa mayoría de los ciudadanos del país atendemos a las imposiciones de ITV e ITE, eso es, al mantenimiento de vehículos y edificios privados. Sin embargo, quienes no atienden al mantenimiento público son las administraciones responsables.
Bastantes calles de nuestras ciudades tienen las aceras en mal estado, incluso con agujeros, con losetas salidas, y roturas ocasionadas por las raíces de los árboles que invitan al tropezón, de manera que cabe andar evitando tales obstáculos, además de vigilar el atropello por patinetes y bicicletas invasivos. Pero eso no es lo peor, ni mucho menos, lo peor está en las carreteras.
Más del 52% de la red viaria presenta deterioros graves en el pavimento. Según una información de la Asociación Española de la Carretera (AEC) de 2025-2026, nada menos que 34.000 kilómetros muestran graves deficiencias, sin duda, pasto de accidentes. La situación es la más grave desde 1985 y pone en riesgo muchas vidas, seguramente más de las que trataba de evitar la ITV, y lleva a los ciudadanos a desconfiar, una vez más, de las políticas públicas.
La falta de mantenimiento de las vías férreas ocasionó el accidente de Adamuz, con 47 muertos. Mejor no pensar en las personas que, por una vergonzosa falta de inversión en el mantenimiento necesario de los firmes, perderán la vida este verano en nuestras carreteras, aunque su coche esté en perfectas condiciones para circular y haya pasado los preceptivos controles de la ITV.
La dana y los temporales han incrementado el deterioro de la red viaria y la guerra entre Estados Unidos e Irán ha encarecido los productos para paliar el deterioro de tantos kilómetros. Pero eso no puede servir de excusa porque el firme de las carreteras necesita desde tiempo atrás un mantenimiento que, como en las vías de los trenes, no se ejecutó o se ejecutó de manera precaria.
Si quienes no cumplen con las ITV e ITE pueden ser multados, muchos ciudadanos nos preguntamos si también cabe, a la inversa, que seamos nosotros quienes multemos a las administraciones por sus graves incumplimientos con respecto a la seguridad vial.
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